Miniblog de Juancabrito

¡No Ley Mordaza!, gritaba la masa borregaza (III/III)

Nuevamente me voy a referir a uno de los editoriales de El Telégrafo del viernes 4 de diciembre sobre la ley de comunicación que está en debate entre la gente y que los medios más poderosos nos han dicho que "nos afecta a todos" aunque no se han molestado en explicarnos por qué (excepto por un interesante debate por Andrés Carrión y transmitido por Canal Uno y RTS hasta donde pude revisar).

Carlos Jijón

Aunque está claro que esta ley un mandato constitucional ineludible, también he querido hacer notar que hay razones para ella y que ya existe un proyecto más o menos consensuado, con reconocimientos y críticas de organismos internacionales importantes, aunque aún con bastante que corregir en el debate dentro de la Asamblea Nacional, sobre el cual quienquiera que no rebuzne o bale puede opinar y criticar. Quiero, en esta tercera parte, analizar los argumentos de uno de los opositores más radicales de la ley, no porque lo que escribe aporte algo, sino por la particularidad de ser alguien que tiene la posibilidad de imponer esta opinión en un canal de TV. Entre los editoriales del viernes hay uno de Carlos Jijón, director de noticias de TELEAMAZONAS.

Wándulo Smithers

No se si este señor tiene alguna preparación en comunicación, tampoco se si es el Smithers del banquero Fidel Burns Egas, ni me interesa, sus noticieros no esconden el mismo estilo espanta-bobos que tiene su editorial, enredando en mentira sobre mentira. Quizá está realmente convencido de sus mentiras.

Quisiera aclarar aquí que mi desprecio y críticas recurrentes a los noticieros y el "periodismo" de TELEAMAZONAS no se debe a su falta de imparcialidad y objetividad; no me parece malo que hagan periodismo de oposición al gobierno, la imparcialidad absoluta es imposible, pero creo que son descalificables debido a que pretenden ocultarlo insistentemente, tomando a sus televidentes por tontos (excepto a los que aún creen que ese canal hace periodismo serio, quienes efectivamente lo son), pretendiendo ser "periodismo independiente" y que objetivamente dicen "la verdad" (como si alguien fuera dueño de la misma). Son justamente las mentiras descaradas o verdades a medias de las noticias y editoriales en ese canal, y su falta de pluralismo, equilibrio, participación de la audiencia, lo que mejor ilustra varias razones para requerir una ley.

El editorial de Jijón se titula "Las mentiras del poder" y se resume en esto:

El Presidente de la República argumentó (...) sobre la necesidad de una “ley regular y controlar el poder informativo” del mismo modo que existen mecanismos de control para el poder político. Correa planteó, como premisa mayor, que existe “un poder informativo”. “Todo poder necesita ser controlado para evitar abusos”, sostiene como premisa menor. De lo cual concluye “que se requiere una ley de comunicación que regule adecuadamente la comunicación social e impida abusos que cotidianamente se dan”.

La conclusión, a mi juicio, constituye un sofisma.

(...)

Yo creo que (...) a más de un sofisma, es una falacia: un engaño, con el que se intenta defender una ley que va a causar un grave daño a la sociedad.

Esto es algo que ha repetido Carlos Vera a sus seguidores, y aparenta cierto ilustrado análisis, pero errado. Jijón parece no darse cuenta de que los sofismas se repiten y tratan de enredar, en todo lo que él plantea. No se si sus citas del presidente son correctas, pero no es importante. Si buscaba refutar las razones para ley, o mejor, las razones para los artículos planteados por l@s asambleístas de la Comisión para el tratamiento de la nueva Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional, debió referirse a lo que dice el proyecto en sus consideraciones inciales, no a lo que diga o no el presidente. Estas consideraciones son las siguientes:

Que el artículo 384, título 7mo, del Régimen del Buen Vivir considera la creación del Sistema de Comunicación Social, para asegurar el ejercicio del derecho a la comunicación, el mismo que se conformará con las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadano y comunitarios que se integren voluntariamente a él; y establece que su organización, funcionamiento y formas de participación ciudadana serán definidas por la Ley;

Que es necesario dotar a la sociedad de leyes que protejan, auspicien y regulen los derechos consagrados en la Constitución de la República, en los Tratados, convenios, y demás instrumentos internacionales de derechos humanos;

Que es deber del Estado, promover la conformación y consolidación de medios de comunicación que democraticen el acceso a la información de las y los ciudadanos;

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución, el Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos de comunicación e información;

Que el artículo 19 establece la obligación de regular la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación y el fomento a la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente, así como la prohibición de emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella información que atente contra los derechos;

Que de acuerdo a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución, el Estado garantizará la cláusula de objeción de conciencia a toda persona, el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación o laboren en cualquier actividad de comunicación;

Que la Constitución de la República reconoce y garantiza a las personas el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente, en todas sus formas y manifestaciones;

Que la Constitución garantiza el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario;

Que la Constitución consagra el respeto y fomento a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, respecto de la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones que se reflejen en los medios de comunicación; garantizando el derecho a la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna;

Que es preciso expedir una ley orgánica que trate de manera específica los derechos de la comunicación a fin de garantizar un cumplido desarrollo y aplicación de las normas de la Constitución de la República y los tratados internacionales vigentes;

Que la Constitución de la República reconoce el derecho de todas las personas a la creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, ; y a no permitir monopolios u oligopolios de los medios de comunicación;

Que la Constitución de la República establece la prohibición expresa a las entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas, de participar en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social;

Que la Carta Fundamental de la República considera la creación del sistema de comunicación social, para asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la información y la libertad de expresión;

Que la disposición transitoria primera de la Constitución de la República dispone la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación dentro del plazo máximo de trescientos sesenta días a partir de su fecha de vigencia.

A continuación, en el editorial, Jijón parece querer justificarse así:

[Correa] parte de una premisa falsa: que la prensa constituye un poder, como si constituyera uno de los poderes públicos, esto es, aquellos que el pueblo ha delegado a una persona para que gobierne (...) Es como sostener que, puesto que el conocimiento constituye poder, los hombres más sabios deben ser controlados por el Gobierno, para evitar que exista un desequilibrio de poderes. [La Ley de Comunicación] va a causar un grave daño a la sociedad, en beneficio de un grupo de políticos que pretende controlar lo que los ciudadanos puedan enterarse de la forma cómo gobiernan, y hasta reprimir la opinión de quienes discrepen.

Además de tratar de enredar con más sofismas y falacias, en las últimas líneas de ejemplifica lo que al inicio referí: Jijón asegura que la ley "va a causar un grave daño a la sociedad" y "reprimir la opinión de quienes discrepen", pero nunca dice por qué, nunca dará razones. Esta es una manera de buscar borreg@s bob@s, para asustar a algun@s y para proporcionar argumentos a otr@s (que serán más bien lor@s) para que los repitan.

Primera mentira: decir que la prensa es un "poder" (como poder fáctico) es pretender que constituye un poder como el poder público.
No se si es realmente mentira o solo ignorancia de Jijón. Pero aquí es donde comienza su "estilo" de comunicación: basa en la primera mentira su lógica de que "el conocimiento constituye poder" y Correa estaría sosteniendo que " los hombres más sabios deben ser controlados".

No comparto en absoluto el concepto de sabiduría de este señor, pero entiendo su sofisma y que se refiere a las personas más doctas en temas científicos. Nuevamente creo que es más ignorancia que mala fe el no comprender que el uso de la ciencia es lo que se regula, así mismo la ley es de Comunicación, no "de comunicadores". Esta vehemencia al defender sofismas es sintomática de los anticorreístas/carlosverístas y busca reducir temas importantes y complejos a premisas fáciles de digerir para l@s más borreg@s clase media.

Continúa Jijón:

El objetivo central de la ley: controlar el contenido de los medios, a través de un Consejo de Comunicación (que, en las actuales circunstancias, podrá ser influenciado por el régimen) con la capacidad para cerrar un medio de comunicación por el lapso de diez años, si es que reincide en una de las nuevas infracciones tipificadas en la nueva ley.

¿Que en "las actuales circunstancias"? ¿Qué querrá decir Jijón? Si las "circunstancias" son el problema entonces hay que corregirlo evitando en la ley que cualquier gobierno pudiera politizar el Consejo de Comunicación, garantizando los representantes más idóneos posibles de nosotros ciudadanos. Pero conlcuir de esta forma insidiosa (ninguna sorpresa tampoco):

"Esa es la teoría: la sociedad controla al poder. Lo contrario, que el poder controle a la sociedad, ocurre solo en las tiranías."

Es o el colmo de sinvergüenza o signo de que realmente el pobre hombre no se da cuenta de la realidad ni de lo que dice.

Efectivamente, la tiranía de los medios privados comerciales debe llegar a su fin y de una vez por todas la sociedad participativamente debe controlar el poder. Adelante entonces con la redistribución de las frecuencias, adelante con el desarrollo de medios comunitarios, adelante con la ley que l@s borreg@s llaman "mordaza".

Carlos Jijón pudo haberse esforzado un poco más en su editorial, sabiendo que iba dirigido a un público que seguramente no es el de sus noticieros, justamente al público que debería convencer de sus "verdades".

Al final pienso que quizá este director de noticias de TELEAMAZONAS, tuvo la buena intención de ilustrarnos sobre lo que es un sofisma y cómo se puede explotarlos al máximo, dándonos ejemplo, así como lo hace en los noticieros de su canal. Y es que al final las cosas malas son para eso, para dar ejemplo, descubrir lo que no está bien, corregir y aprender.

¡No Ley Mordaza!, gritaba la masa borregaza (II/III)

Para tener algunas cosas claras sobre la nueva ley de comunicación que se debatirá por primera vez en el pleno de la Asamblea Nacional este jueves 10 de diciembre, quise comprobar si en la comisión que redactó el texto que se va a debatir (se iba a debatir) hizo alguos cambios al proyecto presentado por Rolando Panchana o si, como dicen algun@s borreg@s que gritan "ley mordaza!" (identificados por seguir a Carlos Vera o carlosverístas) todo quedó igual por "orden del presidente".

Resulta que no hace falta comparar ambos documentos ya que El Telégrafo, en su edición del viernes 4 de diciembre publicó editoriales solo enfocados en el tema de la ley, entre ellos uno de la asambleísta de oposición Lourdes Tibán, quien habiendo sido parte de la comisión que preparó el informe, admite que "desde el Art. 1 hasta el 64, son artículos construidos por los 11 asambleístas de la Comisión, con votos a favor, en contra, abstenciones y unanimidades (...) mandar a la basura o pedir el archivo es desconocer el debate, el esfuerzo y los aportes que hemos hecho al borrador." (1)

Siendo así, y considerando que esto quiere decir que existen actas que no le permiten mentir a Tibán, ya no cabe el argumento de l@s borreg@s carlosverístas que inicialmente mencioné. Excepto quizá en los artículos más controvertidos.

Lo más provechoso sería debatir sobre los artículos del 65 al 104, enterarnos de lo que tratan y conocer las opiniones a favor y en contra. Esto presentado por los medios que tanto han criticado la ley es una utopía. En una actuación incoherente con lo que dicen defender los canales de TV nacionales no presentaron esos artículos (ni los otros) ni plantearon claramente cuál o cuáles son sus problemas o errores, lo que sí hizo la mayoría es popularizar el apelativo "ley mordaza". No es ninguna sorpresa.

Mi opinión es que con respecto a los artículos controversiales, que hablan del registro de los medios y la creación del Consejo de Comunicación e Información, además sobre las causas de sanciones, y otros temas (evidentemente controversiales), deberían tomarse en cuenta las recomendaciones de la UNESCO, del relator de Naciones Unidas sobre libertad de opinión y expresión, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los 10 puntos consensuados y suscritos por diversas organizaciones nacionales e internacionales y CIESPAL, y similares... ningun@ de l@s cuales ha tenido la ridícula osadía de insinuar que el proyecto se archive, o que sea "innecesario", o que fuera una ley con mala intención, en otras palabras, reafirman lo dicho por Tibán además de validar en gran parte el trabajo hecho hasta ahora por los asambleístas.

Foto: Henry Lapo / Expreso

Evidentemente convocatorias como la de Carlos Vera no tienen como razón primordial esta ley, las ovejas ahí balan oposición al gobierno, balan odio a Correa, disfrazado de cualquier pretexto --en la concentración del miércoles 9 de diciembre en Quito incluso se declaró nulo el informe del CONEA, entre otros disparates-- sin negar tampoco que han sido la oportunidad de manifestarse de otros opositores más pensantes, que lamentablemente prefieren seguir a quien hace lo mismo que tant@s politiquer@s ya despreciados, solo por no sentirse sol@s.

Entonces, para preocuparse y discutir una ley tan importante, los más grandes medios privados del país nos han hecho saber que "nos afecta a todos" pero también que solo ellos saben por qué nos afecta para mal y no nos van a explicar, sino que debemos confiar en lo que dicen por lo buenos e "independientes" que son.

Pero lo que realmente importa (aparte de tomar en cuenta los criterios más arriba mencionados) es lo que dice nuestra Constitución, pues la ley debe cumplir lo que allí diga, antes de lo que diga cualquier persona u organismo. La Constitución habla en su Sección Tercera sobre la Comunicación e Información, y es aquí donde se determina lo que la ley debería incluir, y dice en el artículo 19 que:

La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.

Para definir controles o sanciones creo que quienes usamos internet, en especial los blogeros, tenemos un buen modelo en su democracia. Aquí un@ se topa con gente que escribe estupideces (que quizá quisieramos que fueran prohibidas por atentar contra la inteligencia de los seres humanos y hacernos perder el tiempo) pero también se encuentran criterios enriquecedores. Habrá quien quisiera que lo que nosotros escribimos en nuestros blogs sea sacado del aire... pero finalmente nadie saca a nadie. Eso es lo que una buena ley debería lograr en los medios de comunicación masiva del Ecuador, que ningún banquero o hij@ de dueñ@ de canal de televisión tenga derecho a decir cualquier cosa sin que l@s afectad@s tengan igual espacio para refutar.

Aún en el "paraíso" de libertad que es internet hay limitaciones. Los sitios más populares que permiten comentarios suelen sensurar malas palabras, discursos de odio, etc. Si YouTube por ejemplo sensura la pornografía visual o las apologías al crimen, seguramente estaremos conformes porque tarde o temprano nuestr@s hij@s visitarán ese sitio... igualmente deberíamos tener ley que regule las publicidades, pues me parece legítimo querer evitar que ell@s (nuestr@s hij@s) sufran de los mismos estereotipos machistas retardatarios que nos tocó vivir a nosotros, por ejemplo.

Creo que sobre esta base imprescindible se puede hablar de argumentos, pero los que hoy gritan "libertad de expresión!" "ley mordaza!" solo balan y balan pretextos que ya nos sabemos de memoria, para mantener a toda costa las cosas como están, buscando cazar ingenuos clase media que se unan a la manada.